[Editorial] Prohibir para proteger o la lucrativa represión de Valladolid Toma La Palabra

Lo que Valladolid Toma La Palabra no cuenta o no quiere contar de su ordenanza para «la protección del medio urbano». Revisamos en este editorial correspondiente al mes de septiembre de 2017 el sorprendente comunicado con el que Valladolid Toma La Palabra, grupo político que comparte gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, defiende la ordenanza mordaza recien aprobada en el último pleno.

La Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano -cuyo texto se puede consultar aquí– se aprobó en el último pleno del ayuntamiento de Valladolid. Uno de sus valedores políticos, Valladolid Toma la Palabra (VTLP), grupo político que se dice de izquierdas, no contento con haber dado sus votos para que saliera adelante la Ordenanza, la ampara y justifica con un texto en su web en formato preguntas y respuestas. Texto éste que, si no fuera porque se llaman de izquierdas, se diría que imita en sus argumentos a una derecha posmoderna, hipócrita y filo-fascistoide, eso sí supuestamente democrática y feliz por un trabajo bien hecho: haber fabricado un artilugio represivo con el doble objetivo de por un lado controlar lo que se puede o no hacer en las calles de la ciudad y, por otro,  satisfacer su afán vorazmente recaudatorio con sanciones descomunales contra la menor muestra de libertad. Analicemos lo que nos dicen.

“Con esta ordenanza… ¿se prohíben cosas? Claro, porque lo que pretende es proteger nuestro patrimonio común… Cosas bastante razonables, ¿no?”

Esta es su falaz filosofía de Ali-Babá: proteger el medio urbano, “nuestro patrimonio común”, es equivalente a establecer múltiples prohibiciones. Ni más ni menos que 28 veces aparece en el texto la expresión “Se prohibe” y otras 12 veces “Queda prohibido”. Es decir, las personas que residimos, paseamos, nos relacionamos y, por lo tanto, nos expresamos en el “medio urbano” de Valladolid tenemos que tener en cuenta un total de 40 prohibiciones, 40 acciones que no podemos hacer, 40  infracciones que podemos cometer, 40  sanciones que nos pueden poner, 40 delaciones que podemos proferir contra los demás… Eso sí, 40 “cosas bastante razonables, ¿no?”

Por ejemplo, el artículo 6 sobre pintadas y grafismos, junto con el 7 sobre propaganda y publicidad son en sí mismo un objetivo típico social-liberal, en el que que se trata a particulares y organizaciones sociales como empresas (publicitarias…), y por lo tanto deben solicitar los permisos oportunos y si no es así caerá el peso de ser tipificados tales comportamientos como «infracciones» con sus correspondientes sanciones, nada irrelevantes para lo que viene siendo el bolsillo de una trabajadora. Un ataque en toda regla a la libertad popular a expresarse pública y libremente, sin cortapisas. Igualar a organizaciones y colectivos sociales con empresas es indicador de una visión capitalista y neoliberal.

“Ya, pero… ¿criminaliza a ciertos ‘individuos o colectivos minoritarios’ por atentar contra el orden cívico?  …gracias a la labor de colectivos ciudadanos ha quedado garantizada en esta nueva ordenanza la libertad de expresión y de reunión. Y, lo más importante, cambia su filosofía, al poner el acento en la protección del espacio urbano y no el foco de la sospecha en la gente.”

De grandes mentiras está armada la política. ¿Qué colectivos ciudadanos han participado en la la redacción de la ordenanza? Misterio. Sobre todo cuando hay al menos 10 organizaciones sociales, políticas y sindicales agrupadas en la Plataforma por las Libertades que han mostrado su radical desacuerdo con que esta Ordenanza fuera necesaria ¿Cómo se garantiza las libertades de expresión y reunión? Misterio. Sobre todo por que los derechos fundamentales, al menos en letra, son enunciados constitucionales y sólo faltaría que el gobierno municipal los contraviniera.

Vayamos pues a la filosofía: ¿por qué son necesarias 40 prohibiciones para “poner el acento en la protección del espacio urbano”? Por que en el fondo y en la forma, para este gobierno municipal, el medio urbano no es más que un conjunto de cosas (fachadas, cristales, tiendas, aceras, carreteras, señales, etc..) que tienen títulos de propiedad (privada o institucional). La alcaldía se convierte en la institución gestora y garante de lo que es propiedad capitalista en la ciudad, considerando a lo que es propiamente del Ayuntamiento también como posesiones privadas, aunque de titularidad pública.

Concebir el medio urbano como mero conjunto de propiedades expuestas al uso público, significa que esas propiedades pueden ser dañadas, desgastadas o alteradas, pues lo que se protege son las cosas que tienen algún título de propiedad. ¿Quién o quiénes dañan, desgastan o alteran las cosas? La gente, que usa las cosas, que pasea en ellas o entre ellas, que se manifiesta y expresa con las cosas o mediante las cosas que visten la ciudad. El gobierno municipal del PSOE-VTLP desprecia el hecho básico de que el medio urbano es ante todo una red de espacios habitables y habitados, en los que lo realmente importante es el elemento social y humano que lo habita, no las cosas y propiedades que lo visten.

“¿Y qué más tiene de novedoso? Pues que todo lo relacionado con el uso del espacio público dependerá de la Concejalía de Seguridad, de modo que se simplifica la consulta y los trámites.”

Bajo la pretensión de unificar trámites, se muestra sin tapujos la otra cara represora de la Ordenanza. No una Oficina Única para tramitación de permisos, si no la Concejalía de la que depende la policía municipal. Es lógico: si hay que vigilar a la ciudadanía para ver quién por acción u omisión se salta alguna de las 40 prohibiciones, y tramitar la infracción correspondiente, qué mejor candidato a realizar esta labor que la propia policía urbana. Esta es propiamente la Ordenanza para que la policía municipal tenga el cometido represivo que le faltaba. Bien podría haberse titulado “Ordenanza reguladora de actuaciones de la policía municipal”, o más sencillo aún “Ordenanza de Seguridad”, ya que a quien compete todo su articulado es a la ahora todopoderosa Concejalía de Seguridad. Ni en sueños a León de la Riva se le habría ocurrido tal genialidad fascistoide: vender barata la protección del medio urbano cuando en realidad se vende cara (con presupuestos de todas y todos) la seguridad de la propiedad privada instalada y tangible de la ciudad.

“Entonces… ¿qué se puede hacer en el espacio público? Gran cantidad de cosas porque, además, la nueva ordenanza incentiva hábitos comunitarios…”

“¿Y se podrán pintar murales en la calle? ¡Por supuesto! Pero previa autorización del dueño de la pared…”

“¿Se podrá repartir información social o política? ¡Claro! …”

“¿Se podrá ir en bañador por la calle? Si es lo que te pide el cuerpo, adelante …”

Ante preguntas populistas, respuestas demagógicas, pueriles hasta el ridículo, simplonas hasta el absurdo. Ese es el relato que nos brinda la “novísima no-izquierda”, encarnada en VTLP. Todo está falsamente permitido si pasa previamente por la Concejalía de Seguridad. El no acatamiento a cualquiera de las 40 prohibiciones contenidas en el articulado de la Ordenanza, y a su obligada tramitación burocrático por la Concejalía de Seguridad, supondrá según criterio arbitrario del funcionario de turno de esa Concejalía, entrar bien en las 8 infracciones calificadas de muy graves (Artículo 18) sancionables con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros (Artículo 21), o en las 9 infracciones tipificadas como graves (Artículo 19) sancionables desde 750,01 hasta 1.500 euros (Artículo 21). Eso sí, las infracciones leves, sancionables con “hasta 750 euros” (¿?) en ningún caso se saben cuáles son, ya que no se explicitan en el articulado, lo que presupone un omnipoder arbitrario de quien ponga la infracción.

Policía municipal y funcionariado de Seguridad del municipio con carta blanca para determinar si lo que haces en la calle es punible o no, según le llueva ese día o según lo demande quien ocupe la Concejalía de Seguridad, que desde ahora habrá que denominarla Concejalía de Arbitrariedad Punitiva. Así se las gastan en ese batiburrillo con ansias de poder que está demostrando ser VTLP.  Al menos al PSOE ya le presuponíamos tales pasiones.

“¿Y se podrá hacer una acampada reivindicativa en Fuente Dorada? En Fuente Dorada o en cualquier otro espacio de la ciudad. Y también se podrá disentir, expresar, hacer sentadas, reunirse, reivindicar, etc…”

Y en este punto es donde el folleto online de VTLP llega al culmen de la hipocresía política, pues o se habla de una Ordenanza que no existe o está en su imaginación, o desconocen  intencionadamente la que han aprobado. Resulta que el punto h) del artículo 18, Infracciones muy graves, se explaya con un exacerbado detallismo controlador, y dice exactamente esto:

“Artículo 18. – Infracciones muy graves. Son infracciones muy graves:

• Acampar en vías o espacios públicos sin autorización, de forma que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
• Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en la correspondiente ley.
• El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
• El impedimento o grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.
• Un grave y relevante deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
• El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
• Un grave y relevante deterioro de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.”

Esta Ordenanza es básicamente antisocial por lo que refleja este artículo: solo permite aquello que es debidamente tramitado y autorizado, y siempre y cuando cumpla todos los requisitos que obsesivamente el Ayuntamiento especifica, para que de este modo casi nadie, ni persona ni colectivo social, pueda cumplirlos al 100%. Así siempre el consistorio estará cargado de razón “normativa” o para desestimar un permiso, o para inculpar por un incumplimiento o por cometer alguna que otra infracción, que para elegir hay más que suficientes..

Hay que preguntarse con suma seriedad: ¿Qué mentalidad paranoica ha sido capaz de redactar este artículo, y qué otra cabeza de pésimo marketing político es la que redacta ese alegato falaz y pejiguero que se puede leer en la web de VTLP? Seguramente la misma mente oportunista que planteó que se aprobara esta Ordenanza antisocial el pasado 8 de septiembre, con alevosía ferial y festiva.

Con estos artefactos normativos y retóricos tanto la ciudadanía en sí, como quienes luchamos por elevar y afianzar derechos y libertades, somos tratadas con tal obscenidad verbal que pareciera que fuéramos sus principales enemigos. Ah, claro, que eso es lo que quiere el gobierno “progresista” de Valladolid: inventarse enemigos para parecer que son como la derecha y así, en sus cálculos políticos, seguir ganando las elecciones. En fin, no nos queda más remedio que seguir a contracorriente.

NI VIEJAS NI NUEVAS:

NO MÁS ORDENANZAS ANTISOCIALES,

NO MÁS ORDENANZAS MORDAZA

Las ilustraciones que acompañan al texto son de Martí (El víbora, nº 78 -1986-, historieta «La ley») y de Ja para «El papus». Nos divierte y entristece que historietas dibujadas bajo ecos del postfranquismo se adapten de esta manera a un texto elaborado por una formación de izquierdas con la que incluso habremos coincidido alguna vez en las calles.