Sin esperar a septiembre, el gobierno continúa tomando medidas contra los trabajadores y trabajadoras, llegando a acordar junto al Partido Popular una reforma urgente de la Constitución por la que se limitaría la capacidad de endeudamiento del estado español. Con esta reforma se pretende que todas las administraciones públicas españolas tengan un mandato constitucional por el que sus déficits presupuestarios y sus deudas acumuladas se mantengan por debajo de unos determinados niveles pre-establecidos.
Esta reforma es un mandato expreso del Pacto del Euro acordado en el pasado mes de marzo en el Consejo Europeo. En dicho pacto se establecían varios objetivos que el gobierno español está llevando a cabo con obediencia y diligencia dignas de mejor causa. Es el alumno más aventajado de la clase en la aplicación del programa de reformas y recortes establecido en dicho pacto: aumento de la edad de jubilación y recorte de las pensiones, reforma laboral con el objetivo expreso de reducción de los salarios, reforma del marco de la negociación colectiva, etc.
En particular el Pacto del Euro obliga a una reforma constitucional para que el objetivo de la sostenibilidad de las finanzas públicas se cumpla por todos los niveles de la administración. Dicha reforma estará supervisada por la Comisión Europea. Dentro de ese objetivo de sostenibilidad fiscal se cita expresamente que se han de reformar las pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales para no incurrir en déficits insostenibles.
No hay lugar a dudas. El pacto del euro manda recortar los gastos sociales, establece unos controles permanentes desde las instituciones europeas para que así se haga y obliga a reformar la Constitución para que esas limitaciones tengan el máximo rango jurídico. ¿Dónde dicen los políticos que reside la soberanía? ¿En el pueblo?
El déficit y el endeudamiento públicos son unos instrumentos de política económica que los estados pueden utilizar para influir en el marco institucional en el que se mueve la economía. El hecho de poner una limitación a los mismos es una modificación de ese marco institucional para favorecer el desarrollo de unas determinadas políticas que favorecen a las capas más ricas de la sociedad y a las grandes corporaciones empresariales y financieras. Si no aumentan los ingresos de la administración y ésta no se puede endeudar la conclusión necesaria es que han de disminuir los gastos. ¿Qué gastos disminuirán? El pacto del euro lo dice bien claro: los gastos sociales (pensiones, sanidad y prestaciones sociales).
Las administraciones locales y autonómicas tienen las competencias en la prestación de muchos servicios públicos esenciales para la parte más débil de la sociedad (ayuda a la dependencia, gasto sanitario y farmacéutico, transportes públicos, basuras, aguas, limpieza, vivienda, etc.). Al imponerle estas estrictas normas presupuestarias se aboca al deterioro de los servicios que prestan, a la privatización de los mismos o a su eliminación pura y dura.
El endeudamiento público español no está entre los más abultados de Europa. Sin embargo el endeudamiento privado, el de los hogares y las empresas españolas, sí es uno de los mayores del mundo. Con la excusa de combatir aquel lo que se están haciendo es modificar las reglas del juego a favor de los más poderosos. Es falso el debate intervencionismo versus liberalismo. Se trata de intervenir a favor de los ricos. Por eso hay que hablar de neocaciquismo y no de neoliberalismo: utilización de los resortes públicos para el enriquecimiento de los más poderosos y el establecimiento de una red clientelar (partidos políticos, asesores, tertulianos, sindicalistas profesionales, fundaciones académicas, etc.) para la implantación de las reformas.
Esta reforma viene acompañada de nuevas medidas que, bajo los eufemismos acostumbrados, no hacen sino profundizar la precariedad en que vivimos, especialmente los más jóvenes, para quienes se extiende hasta los 30 años la posibilidad de utilizar contratos precarios, fuente de fraudes y abusos, como el contrato de formación o el de prácticas, mientras se sigue fomentando la temporalidad con la suspensión del límite a los encadenamientos de contratos temporales.
Ante esto las burocracias sindicales solo alcanzan a ofrecer un nuevo pacto de contención salarial hasta 2014, acentuando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y poniendo de manifiesto, no ya su incapacidad de dar respuesta a tanta agresión, sino su papel fundamental en el sometimiento de la clase trabajadora a las necesidades del sistema capitalista.
Capitalismo en estado puro. El juego democrático tiene las cartas marcadas y esta modificación agosteña de la intocable Constitución Española es la mejor muestra de ello. La misma élite política y económica que ha provocado la crisis financiera e inmobiliaria es la que ahora dicta los recortes y las reformas. Pero la crisis es del sistema en su conjunto. Asistimos a una quiebra social, ecológica y energética mundial que nos obliga a un replanteamiento radical de la sociedad en que vivimos. Será, como siempre, una cuestión de fuerza, la suya ya vemos dónde está, la nuestra está en la calle.
Es hora de que allí nos encontremos, todos y todas los que no estamos dispuestos a seguir aguantando agresión tras agresión, poniendo en marcha desde abajo , desde los centros de trabajo y desde los barrios, en los distintos territorios, en toda Europa, un movimiento con capacidad, no solo de enfrentar estas agresiones, sino de avanzar en el cambio radical de sociedad que necesitamos.
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