La Federación vecinal, ante el Auto judicial en el asunto de las alteraciones de PGOU que ha finalizado con las 16 imputaciones por todo el mundo conocidas hoy, manifiesta su consternación por la situación en que queda la ciudad.
Entre los imputados figuran José Antonio García de Coca, exconcejal de Urbanismo; Valentín Merino Estrada, secretario general del Ayuntamiento;L uis Álvarez Aller y Modesto Mezquita Gervás, arquitectos municipales, José Luis Barca Sebastián, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y Luis Ángel Lavín Deza, letrado municipal. Imputaciones de una gravedad extrema dada la altas responsabilidades municipales de cada uno de ellos y que revelan la dimensión de la participación desde distancias áreas del Ayuntamiento en estas alteraciones que, según el auto, podrían suponer delitos de falsedad, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negocación prohíbida a funcionarios.
Este Auto supone la consideración de mucha probabilidad de que en el seno del Ayuntamiento se alteraron artículos de la norma urbanística básica en beneficio de intereses privados. Por parte de técnicos y representantes políticos. La dignidad de Valladolid ha sido expoliada en el seno del Ayuntamiento.
La Federación sigue reivindicando que fue ella la que, En su recurso general contra el PGOU en marzo de 2008, detectó las primeras alteraciones de artículos que derivaron en su anulación . En concreto, en el recurso contencioso-administrativo 1588 de 2004 interpuesto por la Federación Vecinal se anulan los artículos 66.1, 346 y 423.2.a)l), únicos artículos que se pusieron como ejemplo de discrepancia entre el texto aprobado y el finalmente publicado como un elemento más de un recurso dirigido a impugnar la totalidad del Plan General.
Y fue la Federación la que se personó en este procedimiento judicial ante la pasividad del Ayuntamiento, que ni constituyó comisión de investigación interna alguna, ni abrió expedientes sancionadores a nadie, ni actuó judicialmente. Y se personó con un enorme esfuerzo de recaudación económica, pues las fianzas solicitadas hubieron de ser solicitadas a particulares, dada su cuantía. Lamentablemente una vez más en esta ciudad fueron las entidades vecinales quienes tomaron las riendas de la defensa de la legalidad en la ciudad actuando en los Tribunales de Justicia frente a tamaño despropósito ante la inactividad más absoluta de las administraciones.
Es evidente que las alteraciones se han producido en algún momento del procedimiento administrativo y el Auto hoy conocido señala que está mínimamente acreditado que se haya podido intervenir voluntariamente para provocar las modificaciones siempre a favor de intereses de empresas constructoras y nunca en beneficio del interés general. Tratándose de la norma más importante de Valladolid en materia de urbanismo; suponiendo una grave lesión al propio funcionamiento democrático, pues lo votado por los elegidos por los vecinos no es lo finalmente aplicado (y generándose ahora una responsabilidad patrimonial respecto de los constructores beneficiados); ante una reprobable pasividad municipal, que ni investiga internamente lo ocurrido, ni se persona en el procedimiento; y ante las imputaciones de técnicos y políticos conocidas hoy, la Federación espera responsabilidades políticas, espera dimisiones.
En el supuesto de que no se haya hecho así planteará a las asociaciones en su Junta Directiva del mes de septiembre (12 de septiembre, jueves), la solicitud de dimisión del alcalde. Por la dignidad de Valladolid.