Reseña del quinto acto cultural de la semana libertaria organizada por CNT Valladolid
El viernes 19 de noviembre la Semana Cultural Libertaria de Valladolid organizada por CNT levantó el telón de su quinto acto en el Centro Cívico Zona Este («Pajarillos») para tratar del tema de la remunicipalización mediante la autogestión de los servicios públicos que ahora están privatizados.
El tema está presente en Valladolid con el ayuntamiento «del cambio» y el sindicato lo sigue atentamente. Como se recordó en la presentación del acto «aquí en Valladolid el gobierno propuso la remunicipalización del agua, pero aún no hay ninguna noticia (se supone que lo llevarán a pleno en diciembre, aunque deberían haberlo tratado en el de octubre); y en el caso de la Fundación Teatro Calderón, la Fundación Municipal de Deportes, los Comedores de Colegios, la Planta de Tratamiento de Residuos y Vertedero y en Parques y Jardines, entre otro, se nos venden como éxito las subrogaciones, sin que se vea un solo atisbo de intentar remuncipalizar».
Este viernes pudimos profundizar en el tema gracias a la presencia de Damián Herrera, del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión *. Entendiendo que los cambios de gobierno en los ayuntamientos abren la posibilidad de cambios significativos, este instituto ha elaborado una propuesta para la «Remunicipalización cooperativa de los servicios públicos de limpieza del municipio de Madrid» (ver enlace) que está impulsando a distintos niveles: proponiéndolo al equipo de gobierno de Madrid pero también discutiéndola con trabajadores, organizaciones vecinales y otros sectores. Herrera presentó la propuesta y compartió las reacciones que ha suscitado.
El núcleo de la propuesta es la transformación del concepto de servicio público: frente al dominio de un concepto burgués de servicio público como mano de obra que garantiza el bienestar privado, la propuesta subraya su carácter de recurso colectivo y social. Los trabajos de limpieza se presentan aquí como un recurso comunitario que mejora las condiciones materiales de los individuos con el apoyo de la comunidad, «frente al fracaso de las políticas fundamentadas en la privatización y en el gobierno opaco y ajeno a los trabajadores y a la sociedad».
La clave de la propuesta no pasa por seducir a los trabajadores ahora explotados por la privatización y la precariedad ofreciéndoles un puesto de trabajo fijo -haciéndolos funcionarios-, sino por el impulso de «Cooperativas de limpieza ancladas en la comunidad». Uno de los obstáculos que ha encontrado la propuesta es la suspicacia que el concepto de cooperativa genera entre los trabajadores, escaldados por el frecuente uso empresarial e institucional de la palabra ‘cooperativa’ como encubrimiento de empresas capitalistas precarizadas en las que el presunto ‘socio’ es un precario explotado -muchas veces el primer paso de la privatización es animar a los trabajadores a «emprender» constituyéndose en cooperativa que venda sus servicios al ayuntamiento de turno-. Por ello, a la hora de defender la propuesta, hay que insistir en que se trata de formar estructuras económicas autogestionadas y que sean instrumento de transferencia de poder y de responsabilidad a los trabajadores; no de esas presuntas «cooperativas» que pervierten su sentido inicial.
Las cooperativas del modelo propuesto estarán distribuidas geográficamente por distritos e integradas por trabajadores que serán a la vez vecinos del propio distrito -posibilitando el acceso al trabajo de vecinas y vecinos con dificultades laborales y/o de conciliación-. Estas cooperativas habrán de unirse en una federación que se coordinaría con órganos de control democrático y vecinal para la gestión de los residuos sólidos urbanos, con una lógica de eficacia y no de beneficio empresarial.
El modelo se justifica desde tres marcos: el social, el económico y el normativo. En la discusión del modelo con instituciones «del cambio» como la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, éstas siempre ponen énfasis en el tercer marco, el normativo y de legislación, y en el obstáculo que supone para ellas la herencia recibida en forma de normas que blindan las subcontrataciones y la dificultad de encontrar resquicios en la normativa. Cuando se profundiza la discusión, estos responsables institucionales aluden a la inercia de los funcionarios gestores. Parece imprescindible una mayor «imaginación política» para remover estos obstáculos, y hasta ahora no se ha hecho presente. la convocatoria de una Mesa Pública por la Remunicipalización podría ser un acicate para ello.
No hay que olvidar que las grandes empresas que sacan beneficio económico de la privatización de los servicios públicos tienen una capacidad política muy fuerte y una especie de aura mafiosa -cuando se habla de propuestas como ésta, aparecen voces que instan a tener «cuidado» y «precaución» ante la respuesta de estos agentes a los que la ley concede privilegios de gestión (del origen de su poder se ha tratado en anteriores sesiones de la Semana Cultural Libertaria). Por otro lado, los sindicatos mayoritarios parecen sentirse cómodos en este contexto de privatización y ni siquiera plantean acabar con la precariedad pasando a plantilla pública a los trabajadores del servicio; esto sólo se ha propuesto a nivel de Madrid desde partidos como Equo.
Tras la presentación de la propuesta se produjo un animado debate, enriquecido por la presencia de trabajadores de la limpieza de Valladolid y representantes vecinales: ¿Cómo hacer una transición que, en este modelo, podría implicar el despido previo de trabajadores? ¿De qué valen campañas de concienciación ciudadana cuando se ve a los trabajadores de la limpieza como servidores de los ciudadanos que manchan? ¿Por qué se consiente que grandes empresas depositen sus residuos en la vía pública, en vez de trasladarlos ellos mismos a los contenedores? Si la gente salió a la calle hace poco pidiendo participación, ¿por qué un modelo como éste, que la facilita, es menos atractivo que las ofertas de trabajo estable como funcionario? Cuando los trabajadores están en condiciones de denunciar los cientos de tropelías contra los derechos laborales y fundamentales que estas empresas cometen contra ellos, y que legalmente deberían inhabilitarlas para la contratación pública, ¿por qué los responsables políticos no escuchan estas reclamaciones y pretextan estar maniatados?
Como se manifestó en el turno de palabras, parece pertinente romper con un esquema de seguridad montado por los Estados de la UE que no deja a los municipios más margen de acción que el de decidir sobre «fiestas, bautizos y comuniones» y deja manos libres al lucro de las empresas. Es fundamental escuchar a los trabajadores y vecinos, y esto exige ir más allá de los comités de empresa cooptados por las empresas: cuando se da la situación esperpéntica de que la limpieza de una misma plaza está a cargo de cuatro empresas distintas -una para los columpios y otra para el pavimento- y la multiplicación de encargados entorpece el buen hacer de los trabajadores, queda claro que el beneficio de todos y todas sólo se encontrará más allá de la política de privatizaciones.