A través del órgano de expresión de la CNT de Andalucía, se analiza paso a paso, la sucesiva pérdida de derechos así como hacia donde va encaminada la próxima reforma laboral.
Los sucesivos gobiernos que hemos ido padeciendo -y padecemos- desde el final de la dictadura con la colaboración de clase empresarial y los sindicatos oficiales –que padecemos igualmente- emprendieron a principios de los años 80 del siglo pasado una calculada reducción de los derechos de los trabajadores.
Pensada como una reestructuración permanente, se trata de abaratar la mano de obra puesta a disposición de las empresas como forma de compensar su falta de competitividad con respecto a las del exterior. La legendaria falta de capacidad del empresariado español, su avidez por los ingresos rápidos y su falta de responsabilidad social son sufragadas por la clase trabajadora que asiste impávida al deterioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales.
Los caballos de batalla del neoliberalismo
La dirección de los recortes que patrocina la gran empresa está dirigida a obtener mayor capacidad competitiva en la esfera internacional gracias a la reducción de derechos y de ingresos de los trabajadores. Nos hemos convertido en el eslabón más débil; desunidos, sin conciencia de clase y sin sindicatos fuertes y decentes, somos la presa más fácil del conglomerado político-empresarial. Estas son sus “reformas estructurales” permanentes:
Pensiones: retrasar la edad de jubilación, reducir el número de beneficiarios y la cuantía de las pensiones
Aunque parezca increible, los mismos que despiden a los trabajadores más veteranos para contratar jóvenes a mitad de precio, pretenden elevar la edad de jubilación a los 70 años. Así se reduce el número de personas que llegará a percibir pensión. Esto se completa con una reducción del importe a cobrar, lo que se hace aumentando el número de años cotizados necesarios para percibirla. Para conseguir que nos traguemos esto, a través del altavoz de los grupos políticos y mediáticos, se nos hace pensar que el actual sistema público de pensiones es inviable. Pero eso es totalmente falso y los números lo demuestran; lo que se pretende es fomentar los planes privados de pensiones, auténtica bicoca para los bancos y un monumental engaño para quienes los suscriben.
Despido sin coste para el empresario
El despido ya es libre en España: basta con ingresar el coste de la indemnización en el juzgado y cualquiera puede ser despedido tenga el contrato que tenga, excepto los miembros de los comités de empresa. Pero el debate no está ahí; lo que pretenden es que además de libre, sea gratis. Reducción constante de los impuestos y cotizaciones a las empresas. Punto de fricción importante en las negociaciones del nuevo “pacto social”; parece ser que la única manera –aparte de reducir salarios- de rebajar costes de las empresas es reduciendo impuestos; Aún habiendose eliminado muchos impuestos al capital y rebajado sustancialmente otros, (sociedades, patrimonio, etc.) y existiendo una política clara de subvencionar la contratación por parte del estado, persiste un continuo chantaje por parte de la gran empresa: si no hay más rebajas de impuestos, no hay contrataciones. Esto, por si solo, ya indicaría el bagaje de los empresarios españoles; que lo digan después de una década de mantener beneficios astronómicos, es vergonzoso.
Privatización de la educación, la sanidad y los servicios sociales
Esa espiral de reducciones de impuestos que pagan las empresas es, al parecer, la única forma de los gobiernos “de izquierdas” de hacerse con la “amistad” de la clase empresarial. Así se cierra el ciclo del miedo. La reducción de impuestos conduce a la consiguiente merma de los fondos públicos y da lugar a los alarmismos acerca de la viabilidad futura de las pensiones o de los servicios públicos.
Día a día, la educación (Plan Bolonia), la salud (reducción de recursos, hospitales públicos con gestión privada…), los servicios básicos y esenciales, dejan de ser públicos y son engullidos por las grandes empresas. Esquilmación de lo público para el negocio privado.
Reducción de los salarios
Otro de los principios fundamentales de los planes ultraliberales es ligar más profundamente los salarios con la productividad, es decir, pagar al trabajador según el rendimiento que el empresario le atribuya. Esto sucede en la práctica en muchos sectores, en los que ni los salarios ni el resto de condiciones laborales se parecen –ni de lejos- a lo que dicen los convenios colectivos.
Libre contratación entre empresario y trabajador
En la línea de lo anterior, lo que pretende la gran empresa es la eliminación de cualquier tipo de negociación colectiva, al estilo americano: empresario y trabajador acuerdan todas las condiciones de trabajo, siendo el despido libre y gratuito, sin intervención de la administración ni, por supuesto, de los sindicatos. El contrato laboral se convierte así en un contrato mercantil en el que se supone a dos partes libres e iguales. Todos los gastos sociales recaen sobre el trabajador, que se convierte de esta forma, en empresa al servicio de otra empresa, obligada para subsistir a continuar la cadena de explotación.
La flexiseguridad
Es el modelo europeo de capitalismo y casi un resumen de los puntos anteriores. Patrocinado por las Empresas de Trabajo Temporal, el modelo aboga por minimizar la legislación laboral para permitir “mayor flexibilidad para las empresas y mayor seguridad para los trabajadores”. Para la parte emempresarial se trata de desregular la contratación, el tiempo de trabajo y la jornada en su conjunto; disponer de un despido libre y gratuito; aumentar de la edad de jubilación y aumentar las facilidades para subcontratar y recurrir a las ETT. A cambio, el estado proporcionaría una formación continua del trabajador y una prestación por desempleo mucho más generosa que le permitiera cambiar de trabajo “sin traumas”.
Aquí llevamos viendo ya treinta años viendo como la parte de ese plan que favorece a las empresas se lleva cada vez más a la práctica, en una reforma laboral tras otra; sin embargo, poco empeño se ha puesto en lo que pudiera favorecer al trabajador. Al contrario, la formación es un inmenso fraude, convertida en una de las fuentes de financiación de los sindicatos que participan en ella y el derecho a desempleo sufre nuevos recortes en cada reforma que nos cae encima.
¿Qué quieren ahora los empresarios?
Después de una década de ingresos supermillonarios para la gran empresa española, la CEOE lanzó el pasado 23 de julio un documento con sus peticiones para el “diálogo social” con gobierno y sindicatos oficiales. ¿Qué quieren? Comenzar a negociar a partir de septiembre una nueva reforma laboral. Quieren reducir su aportación a la seguridad social; despidos más baratos; igualar las mutuas a la Seguridad Social; más poder para las ETT; desregular aún más los contratos.
La negativa inicial -y aparente- del gobierno a las peticiones empresariales deja por el momento la pelota en el alero. Estas son las peticiones de la CEOE:
• Rebaja de 5 puntos en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
• 100% de bonificación de las cotizaciones empresariales cuando las empresas realicen Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión temporal de contratos.
• Rebaja de un 5% del Impuesto de Sociedades para pymes de menos de 25 trabajadores durante 3 años.
• Que las Mutuas tengan la misma capacidad que el INSS para dar el alta en los casos de Incapacidad Temporal de los trabajadores, o bien, que se suprima la obligación de la empresa de pagar la prestación por baja entre el cuarto y el decimoquinto día (es decir, todo lo que paga la empresa en caso de baja).
• Empresas de Trabajo Temporal: Que se permita la creación de ETT con ánimo de lucro y que permita acceder a las ETT a los sectores aún no permitidos (construcción, administración pública). Además, que se reduzca la indemnización por finalización de contrato que pagan las ETT (actualmente, 12 días por año trabajado).
• Aumentar la flexibilidad en la contratación a tiempo parcial.
• Abaratamiento de los costes por despido y aligeramiento de los procedimientos.
• Reforma de la negociación colectiva.
• Aumento de la flexibilidad interna en la empresa (incrementos de la movilidad geográfica y funcional).
• Simplificación o supresión de los procedimientos administrativos laborales.
• 5.000 millones de euros para el Fondo de Inversión Local de 2010 destinado a obras de mejora y que sean realizadas sólo por empresas.
¿Y qué queremos los trabajadores?
La actitud de los sindicatos que negocian esta agonía de la clase obrera es simplemente susbsistir. Obtener la financiación necesaria para mantener sus estructuras a cambio de firmar la pérdida de derechos para sus representados. Así, mientras los trabajadores perdemos derechos, ellos aumentan su presencia institucional, el número de delegados, las subvenciones que perciben y un largo etcétera.
Aquel lema del PSOE de los años 80, “mejor tener un trabajo con menos derechos que tener derechos y no tener trabajo” está plenamente aceptado por los “interlocutores sociales”. Machaconamente pretenden convencernos de ello. Piensan, al estilo de Goebbels -el ministro de propaganda nazi- que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. ¿Y para qué necesitan convencernos, si son ellos los que negocian, los que mandan, los que tienen los votos sindicales y políticos?
Todas las medidas regresivas que imponen el gobierno y los sindicatos no necesitan nuestra conformidad, sino nuestra desmovilización. Necesitan a los trabajadores disgregados y atentos a la pantalla. Y ellos saben, mucho mejor que nosotros mismos, que la cuerda se tensa cada vez más. Más desigualdades sociales, más trabajadores explotados, más parados, más presos, … y por tanto saben que su política de protección y defensa del sistema capitalista es frágil.
Ahora somos los trabajadores los que tenemos que percibir esa fragilidad y encontrar nuestra fuerza como colectivo, reinventando el lugar de trabajo como el escenario de la lucha social. Solidaridad frente a individualismo. Conciencia frente a oportunismo. Esas son las batallas.
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