La sanción se basaba en el expediente levantado por una unidad de intervención policial de doce efectivos que actuó contra una docena de afiliados de CNT Valladolid que daban información sindical a la altura del Lizarrán de la Plaza de Poniente. La información formaba parte de la campaña por una hostelería digna que CNT mantiene en los últimos años a nivel confederal, y en la que se da a conocer a los trabajadores de establecimientos como Lizarrán y a la vecindad las muchas irregularidades que se producen en el sector de la hostelería.
En el expediente policial se afirma que uno de nuestros compañeros habría cometido una infracción grave según el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, consistente en negativa a identificarse. Por ello se le imponía una multa de 601 euros.
CNT no acepta la versión de los hechos de dicho expediente ni, en general, la vía que leyes como la citada -u ordenanzas como la de «protección del medio urbano» del ayuntamiento de Valladolid- conceden a los distintos cuerpos policiales para intervenir de manera intimidatoria en necesarias acciones de reivindicación y comunicación en la calle. Por ello, aunque desde la propia subdelegación de gobierno se ofreció al compañero una reducción de la multa en caso de no presentar recurso -«pronto pago»-, se le ha apoyado desde el sindicato para recurrir la sanción y denunciar públicamente este ataque contra su libertad sindical y de expresión. No aceptamos que el Estado nos coaccione por hacer información sindical sobre un sector como la hostelería, que obtiene tantos beneficios a costa de los derechos de trabajadoras y trabajadores y, con ello, a costa de la calidad del servicio.
El recurso de alzada fue desestimado el 27 de septiembre de 2017 por la propia subdelegación del gobierno que aplicó la sanción: dado que la propia Ley de Seguridad Ciudadana la permite ejercer de juez y parte, dando valor probatorio a las actas policiales, se confirmó en la denuncia.
Esta decisión se recurrió ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, con la consecuencia de haberse admitido el recurso de CNT y anulado la multa. La sentencia recoge la versión de los tres testigos que acompañaron al denunciado en el juicio que tuvo lugar el 7 de junio de 2018, en la que hacen constar la «beligerancia» con la que intervino el operativo policial. Por otro lado, afirma que el expediente policial no permite sostener que fuera aplicable el artículo 36.6 ni en general una actividad sancionadora, ni siquiera en los términos de la propia Ley Mordaza.
Con este resultado se comprueba una vez más la capacidad que la ley otorga a los cuerpos policiales para imponer sanciones sin fundamento que privan a trabajadoras y trabajadores de importantes cantidades del dinero que tanto cuesta ganar. El caso de Lizarrán no es más que uno entre los muchos en que, en Valladolid y en todo el Estado, se está aplicando una ley sin otro sentido que amedrentar a toda persona o colectivo que expresen su rechazo de lo establecido. Ha sido necesario mantener un proceso de año y medio, con todas sus incertidumbres, para hacer valer el derecho a la acción sindical, teniendo en frente todos los medios jurídicos y políticos del Estado.
El desenlace satisfactorio del proceso demuestra que la lucha y la defensa incondicional de la dignidad contra las amenazas del Estado pueden dar resultados, y que con apoyo mutuo y coordinación podemos hacer frente a la arbitrariedad policial. No hace falta que ningún partido político venga a salvarnos, el poder está en nuestras manos y nuestro compromiso. Llamamos por tanto a hacer frente a todo tipo de abusos, y también a los abusos policiales, con organización y acción de denuncia. Porque una vez más se ha demostrado que juntas somos más fuertes.
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