Unas 200 personas de 60 colectivos y organizaciones, entre las que se incluye este sindicato, se concentraron el sábado en la plaza Mayor.
Unas 200 personas de 60 colectivos y organizaciones ciudadanas de Valladolid, se concentraron el sábado por la mañana en la plaza Mayor para expresar su protesta contra la decisión municipal de cobrar una tasa a estos grupos sin ánimo de lucro por instalar mesas informativas en las calles de la capital.
Pablo Gerbolés, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado de Valladolid, en declaraciones a El Norte de Castilla, indicó que la Federación ha pedido que ese aspecto de la ordenanza no se aplique a las asociaciones ya «que lo que hacemos al poner una mesa es ejercer el derecho de reunión y si se cobra se nos limite su ejercicio».
Cabe recordar que el consistorio justifica este cobro a través del Decreto de Alcaldía nº 4610 de 14 de mayo de 2010, que supone una nueva “interpretación” de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas del dominio público (es decir, con ánimo de lucro). Así, pretende equiparar, a efectos de trámites y tasas, una mesa de propaganda con una “barraca”, o una acción de calle reivindicativa con un “espectáculo o atracción”. En las mesas informativas no vendemos cosas, regalamos ideas y propuestas, tal y como se indicaba en el comunicado repartido durante la protesta del sábado.
Por ejemplo: un acto de difusión que requiera espacio para un pequeño escenario y una mesa de propaganda, al que acudan porque sí dos agentes municipales durante una mañana está ahora mismo castigado con más de 200 euros. De esta manera, el alcalde ya ha metido mano en multitud de actos, como una actividad deportiva infantil organizada por asociaciones de vecinos, o diferentes acciones llevadas a cabo por sindicatos y partidos en el contexto de la huelga general del 29 de septiembre y de la precariedad mundial.
El Ayuntamiento se ampara en la “necesidad de cuadrar los presupuestos municipales”. No dudamos de su capacidad y afán recaudatorios. Ahora bien, nos compensaría más a tod@s l@s vallisoletan@s ahorrarnos las cuantiosas indemnizaciones que el ayuntamiento ha provocado y ha tenido que entregar a dos organizaciones (sindical y política) por reprimir su “derecho de reunión”, según dos recientes sentencias del TSJ.
Pero no hay que profundizar mucho en la cuestión para ver los verdaderos motivos de esta oscura medida. El cobro de una tasa, sea cual sea la cantidad a la que ascienda, condiciona la libertad de expresión o de asociación, pues se le está poniendo un precio a su ejercicio. Colateralmente, aumentan los trámites burocráticos y por tanto el control social. ¿No es casualidad que, en tiempos de precariedad y descontento, el ayuntamiento tome estas medidas antisociales y desmovilizadoras? ¿Por qué nos quiere callar? ¿Qué quiere parar?
Esto no es más que otra vuelta de tuerca de la “Ordenanza Antivandálica” promulgada en 2004, que reprimía duramente expresiones como colgar un cartel, pintar un mural, concentrarse por la guerra o repartir octavillas. Si ahora mismo no se está aplicando esa normativa, es porque en su día los diferentes colectivos de Valladolid se unieron en un foro, enfrentaron y desobedecieron juntos tales medidas.
Ante este nuevo ataque al tejido social de Valladolid, 60 colectivos estamos llevando a cabo diferentes acciones conjuntas: firma de un manifiesto colectivo, rueda de prensa, entrega masiva de alegaciones, lectura de un escrito en el Pleno del Ayuntamiento… Ahora nos toca estar en la calle poniendo mesas y paneles informativos, repartiendo material divulgativo o juntándonos para comunicarnos y expresar nuestras opiniones.
Sin dar un céntimo ni una explicación.
Porque somos una sociedad viva, ahora más que nunca necesitamos movilizarnos.
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