Posición ante la equivocada propuesta de la Diputación de Valladolid de apoyo a la recuperación de víctimas de la guerra civil y el franquismo

Con fecha 12 de julio de 2016, el Portavoz de Valladolid Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, Salvador Arpa, presentó una Proposición PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO. Esta propuesta contó con el voto favorable del PP y fue aprobada por unanimidad por los grupos políticos de la Diputación.

“Miles de hombres y mujeres sufrieron persecución, violencia y muerte durante la Guerra Civil y la dictadura por razones políticas e ideológicas y, aún hoy, a punto de cumplirse el ochenta aniversario del cruento golpe de estado, muchas de estas personas, familiares y amigos, luchan por el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar…”.

Es de celebrar esta iniciativa que se produce en el ochenta aniversario del golpe armado que puso fin al estado legalmente constituido, pero hay que revisar los siguientes puntos:

 La Proposición habla de las víctimas de la “Guerra Civil y Dictadura”, lo que en nuestra provincia es un error inadmisible, ya que los desaparecidos en nuestra provincia se producen como consecuencia del GOLPE DE ESTADO FRANQUISTA CONTRA EL ESTADO LEGAL, LA REPÚBLICA, y por tanto son todos ciudadanos civiles y desarmados. En la provincia de Valladolid no hay desaparecidos de la dictadura, ni tampoco de la guerra.

 En la Proposición presentada NO SE CONDENA EL FRANQUISMO, origen y causa de los crímenes contra la Humanidad cometidos en nuestra provincia, y definidos como tales por las instancias jurídicas internacionales mundialmente reconocidas.

 En el texto no se hace ninguna referencia a medidas concretas para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas, medidas que obligatoriamente han de centrarse en la búsqueda de la Verdad de los hechos; la aplicación de la Justicia y la Reparación a las víctimas de la represión franquista.

 No se plantea la retirada de honores a Franco, algunos de ellos concedidos por la propia Diputación de Valladolid, institución a la que pertenece el portavoz, sr. Arpa, como la concesión de la Medalla de Brillantes de la Ciudad de Valladolid (marzo 1950), la Alcaldía Honoraria (septiembre 1939) o la Primera Medalla de la Provincia (octubre 1959).

 En la Proposición no se concreta ni una sola medida a tomar en relación a los símbolos franquistas existentes en la provincia y que son ostensibles en una gran cantidad de localidades vallisoletanas. En ese sentido hay que recordar que son precisamente las Asociaciones memorialistas (no consultadas ni tenidas en cuenta la hora de elaborar la Propuesta) las que voluntariamente están realizando el estudio y la investigación con sus propios medios, sin contar con respaldo o ayuda alguna de las instituciones, tarea que algunas de ellas vienen realizando desde hace años.

 Hay que recordar el expolio que sufrieron personas, organizaciones, partidos y sindicatos, cuyos bienes fueron incautados, requisados o directamente robados. En ese sentido, sería de justicia reclamar la devolución de los patrimonios familiares de las víctimas, así como los patrimonios históricos pertenecientes a las organizaciones, como ocurre en el caso de la CNT-AIT, a la que se ha negado continuamente la propiedad de numerosos locales.

 El punto último propone hacer “homenajes a las víctimas y a las familias”, cosa ésta última que no tiene razón de ser ni base alguna. Las familias de las víctimas no han pedido jamás ser homenajeadas; necesitan la verdad y exigen justicia y reparación. De hecho, hoy ya no basta con un homenaje a las víctimas; los hijos de los asesinados están falleciendo sin haber llegado a conseguir el reconocimiento de las víctimas, y mucho menos la reparación de los crímenes y abusos cometidos contra ellas. Ninguno de los familiares desea que se le haga un homenaje, mientras se impide el acceso a los archivos -y el de la Diputación es el ejemplo más claro de este hecho- y las instituciones no reconocen el crimen, no condenan los hechos ni cumplen las leyes al respecto.

 En la Proposición no se hace referencia alguna a los representantes elegidos por el pueblo y que fueron asesinados, encarcelados, despojados y perseguidos mientras OSTENTABAN EL CARGO PARA EL QUE HABÍAN SIDO ELEGIDOS EN LAS URNAS, y eso que entre ellos se encuentra el propio alcalde de la ciudad, señor Antonio García de la Quintana, asesinado; el presidente de la Diputación, Serafín Alcover Gómez-Caro, condenado a treinta años de cárcel; diputados como Juan Moreno Mateo, encargado de los Centros; o Bruno Merino, asesinados, Federico Landrove Moiño, primer alcalde de la República, Federico Landrove López, Diputado socialista en las Cortes, asesinado; Delfín Rodríguez, diputado provincial y un largo etcétera.

 La Propuesta olvida que ante un Crimen contra la Humanidad de las características del golpe armado franquista que nos ocupa, todas las directrices de la Justicia Universal señalan la Verdad, la Justicia y la Reparación como único camino a seguir. El primer paso para ello es el reconocimiento del crimen y la condena del franquismo, dos cuestiones previas que brillan por su ausencia.

 Por fin, hay que decir que todas las iniciativas que se tomen en pro de la consecución de Verdad, Justicia y Reparación en el caso de la represión franquista, son bienvenidas; sin embargo, tras ochenta años, es de exigir a las instituciones y partidos, y más si ostentan representación, mayor rigor en los planteamientos, voluntad de contar con todos los actores implicados, amplitud de miras y no centrar el problema exclusivamente en la localización o exhumación de fosas, dejando a un lado aspectos determinantes cuya resolución no se aborda, por lo que el problema continúa sin visos de resolución.

Respecto a las exhumaciones, es necesaria la aplicación estricta de los Protocolos de Exhumación establecidos por el Gobierno (publicados en el BOE), sobre todo en lo que hace referencia a la presencia de autoridades judiciales prevista para estos casos, así como los establecidos por las Asociaciones Memorialistas, establecidas y aceptadas en reuniones estatales. En este sentido no hay que olvidar la importancia de la metodología seguida en los trabajos financiados con fondos públicos.

Para la elaboración de esta Proposición no se ha consultado ni tenido en cuenta la opinión de las Asociaciones Memorialistas de la ciudad de Valladolid, todas ellas con un largo recorrido que abarca todas las facetas del problema: investigación, denuncia, exhumación, divulgación y publicación, además de acciones legales y gestiones realizadas a todos los niveles. Esta falta de comunicación resulta paradójica y contradice lo expresado en el texto propuesto: “Sólo con un proceso institucional coordinado y siempre en estrecha colaboración con las asociaciones memorialistas se garantizarán la eficacia, la celeridad, la coherencia y la responsabilidad necesarias para afrontar todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos”.

Transcurridos ochenta años del golpe armado, ya es hora de afrontar la solución de los problemas pendientes que recurrentemente suelen reaparecer, sobre todo en épocas electorales. Ya no sirven las fórmulas, ni las declaraciones, ni las acciones cosméticas. Las instituciones deben llevar adelante las tareas necesarias para la solución efectiva, y han de hacerlo de manera real, es decir, aportando soluciones y poniendo los medios, y por supuesto, en colaboración con los agentes implicados, que son, por lo general, quienes les han votado para que les representen y defiendan sus causas.

 Juan Carlos García Funes, presidente del Foro por la Memoria de Castilla y León

 José Alberto Blanco, presidente del Ateneo Republicano de Valladolid

 Orosia Castán, presidenta de Verdad y Justicia de Valladolid

 CNT-AIT de Valladolid

13 de julio 2016