Las/os trabajadores que desempeñamos nuestra labor en el ámbito de la Protección Internacional y la atención a personas migrantes queremos denunciar públicamente la grave situación que atravesamos debido al retraso en los pagos de las subvenciones vinculadas a la Acción Concertada. Esta situación ha llevado a que muchas entidades no puedan asumir el pago puntual de las nóminas de sus trabajadores, afectando directamente tanto a quienes sostienen estos servicios como a las personas que los necesitan.
Todo esto ocurre en un contexto de desmantelamiento progresivo del sistema de Protección Internacional, impulsado por la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, que está dejando desprotegidas a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Además, se suma a la evidente campaña política de los sectores que pretenden desmantelar todo sistema de protección a migrantes alimentando al racismo y garantizando la situación de exclusión de las miles de personas que intentan llegar a Europa. La situación es más que delicada y los riesgos para la convivencia son ya visibles.
Recordamos que estamos cubriendo, desde entidades subcontratadas lo que ya es una necesidad para el Estado: garantizar los derechos y la atención básica de la población migrante que solicita asilo. No se puede delegar esta responsabilidad sin dotarla de medios ni garantías.
Por ello, exigimos:
- Una financiación justa y el pago en plazo, que evite la precarización del sistema y evite que las entidades recurran a mecanismos de financiación bancaria privada, a ajustes de personal (ERTEs, EREs) o a los recortes de servicios básicos (limpieza, alimentación, calefacción…).
- El fin del modelo de privatización y subcontratación. El Estado tiene que asumir su papel y llevar a cabo la anunciada apertura de centros públicos de atención, con la contratación directa del personal que ya lleva años trabajando en este ámbito y acumulando experiencia, garantizando así la continuidad y calidad en la atención.
- La mejora de las condiciones de habitabilidad y de trabajo. En relación a lo anterior, demandamos unos centros con suficientes garantías. Esto se traduce en la evitación de macrocentros y apostar por dispositivos más pequeños, donde la intervención profesional es más eficaz y por tanto la calidad de vida y el futuro de las personas que aceden a los recursos mejora considerablemente.
No podemos olvidar una cuestión fundamental como la de género. Las condiciones laborales precarias no son neutras, más bien son inherentes a las desigualdades de género que siguen ancladas en nuestro sistema social y cultural. Un sistema de Protección Internacional estable y con garantías es la base para poder trabajar bajo contextos que den la importancia requerida a esta materia.
Sin condiciones laborales dignas ni financiación estable, no hay sistema de protección posible. Es responsabilidad del Estado garantizarlo.
Firmado por las secciones sindicales del CAED Alcalá de Henares y la Asociación Progestión
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