Durante el cambio de turno del servicio de emergencias 112 el piquete unitario de Valladolid se personó en las puertas de dicho centro de trabajo para informar a sus trabajadoras y trabajadores de la convocatoria de huelga.
Cuando parte del comité de huelga quiso entrar para verificar que los servicios mínimos se estaban cumpliendo los guardias jurados en primera instancia y después la policía nacional forcejeó con las personas del comité impidiéndolas el acceso al edificio, atentando así contra su derecho de verificar e informar del desarrollo de la huelga a dichas trabajadoras y trabajadores.
Pese a que la Junta de Castilla y León tiene como servicio esencial el 112 de cara a una Huelga, declarando unos servicios mínimos del 120% bajo fuertes presiones -especialmente a mujeres-, lo tiene externalizado a una UTE de Telefónica y Grupo Norte que en caso de recortes pueden atender de manera deficitaria ese servicio y que tiene unas condiciones laborales más que cuestionables con sus empleadas.
CNT Valladolid denuncia que los poderes del Estado dediquen medios desmesurados y agresivos a impedir los derechos legalmente vinculados a una convocatoria de huelga. El pretexto de que se quiere garantizar un servicio público con esa protección resulta muy cuestionable, porque la privatización de esos servicios impulsada por esos mismos poderes hace que se presten precariamente y en malas condiciones.
