“La impunidad del franquismo”: duro y necesario segundo acto de la XX Semana Cultural Libertaria

Reseña de la segunda charla de la XX Semana Cultural Libertaria organizada por CNT Valladolid y centrada en el 80 aniversario de la fundación de la organización Mujeres Libres

El movimiento memorialista contra los crímenes de la dictadura franquista ha animado la segunda sesión de la XX Semana Cultural Libertaria de Valladolid. Pudimos contar para ello con Luis Fuentes, quien desde el Grupo de Memoria Histórica de la CNT lleva años poniendo su grano de arena a la hora de romper con la conspiración de silencio que cubre estos hechos.

Durante una hora nos acercó a muchas de las muchas historias de personas que, frente a todo tipo de obstáculos levantados por el Estado, se esfuerzan por hacer valer su memoria y su dignidad. Nos acercó al combate contra esa historia oficial que “los vencedores han escrito sobre los hombros de los vencidos y que se clava como una puñalada en la conciencia de nuestro pueblo”; el lunes se trató de romper con el olvido mediante la literatura y la creación, este martes de la misma lucha por medios jurídicos y políticos.

Los casos de corrupción que todos los días son noticia en España pueden sorprender por su magnitud: “¿Cómo se pueden atrever a robar tanto dinero?” parece la pregunta obligada. Pero resultan menos sorprendentes cuando se tiene en cuenta que nunca han sido juzgados los miles y miles y decenas de miles de crímenes de lesa humanidad causados por el golpe de estado franquista contra la Segunda República.

Si la ONU reconoce oficialmente esos hechos y no se juzgan, si hay miles de expedientes a disposición de los tribunales españoles y ellos no toman cartas en el asunto, si se exhuman cuerpos brutalmente mutilados de fosas comunes y no se hace otra cosa que cambiarlos de sitio archivándolos sin identificar en almacenes universitarios… entonces hay vía libre para seguir perpetrando abusos: “Cuando a los poderosos no se les juzga por matar no temen ser juzgado por robar, que es un delito menos grave”.

“No deberían escatimarse recursos en dignificar a personas que fueron represaliadas por luchar por el mínimo progreso del que ahora se disfruta”, y en rectificar expedientes judiciales que han afectado a memorias personales: “hay gente que ha pensado durante años que sus familiares habían sido fusilados por ser malas personas”. Sin embargo, tribunales, políticos y medios de comunicación coinciden en dedicarse a lo contrario.

Para promover la investigación judicial de estos hechos no queda otra que acudir a tribunales extranjeros, como los de Argentina: los tribunales de España no aplican el derecho internacional contra los crímenes políticos -“A estas personas no se las mató o encarceló por llamarse Pepito o Juan, sino por ser miembros de organizaciones de izquierda”- con el pretexto de la jurídicamente insostenible Ley de Amnistía de 1977, amparada por los Pactos de la Moncloa.

Dicha ley “de consenso” impide la investigación de los crímenes de militares, de policías, de jueces, de cargos políticos y, expresamente, de la Iglesia Católica; en su día sancionó el gesto vacio de liberar en a los presos políticos de izquierda, pero dando por buenos los juicios políticos que les llevaron a la cárcel. En base a esto, los tribunales siguen descartando abrir causas por los crímenes políticos de la dictadura -llevando a muchos denunciantes a desistir por cansancio-, con honrosas excepciones como el caso de la jueza de la “fosa de los anarquistas” en Soria.

Fuentes iluminó con numerosos datos los intereses económicos que necesitan de esa impunidad: los grandes poderes económicos de la actualidad son herederos del golpe y muchas fortunas se basaron en el trabajo esclavo de los presos políticos bajo condiciones letales (si se hiciera justicia, deberían enfrentarse a grandes indemnizaciones empresas como Altos Hornos o Dragados y Construcciones); pero también son cómplices las fuerzas políticas parlamentarias de todo signo, que prefirieron en su día pactar la ley de Amnistía a hacerse valer ante la gente que reclamaba justicia social en las calles y en las asambleas de fábrica.

“CCOO y UGT se habrían suicidado si hubieran tenido que defender en una asamblea de fábrica lo que planeaban los partidos políticos de los que dependían para recibir ayudas por la integración en Europa… Se paga el haber metido la cabeza debajo del ala como los avestruces… y partidos que tienen miles de sus militantes tirados en cunetas no actúan para que se les haga justicia”. Así se explica que un ministro de Justicia del PSOE haya firmado la custodia de los restos de ateos notorios por una orden religiosa en El Valle de los Caídos, perpetuando un ataque a la dignidad de esos represaliados.

La Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero y los intereses políticos de algunos gobiernos autonómicos dan pie a algunas investigaciones, pero con un respaldo insuficiente. No puede haber avances sustanciales cuando no se establecen protocolos ni se garantiza una financiación que ,a la hora de la verdad, siempre falla y deja inactivas, después de posar para la televisión, a Comisiones de la Verdad como la del País Vasco -donde hay 2.000 fosas comunes localizadas-.

Es el propio movimiento memorialista quien debe aportar fondos, llegándose a casos tan esperpénticos como el del ayuntamiento de Arganda, que pretende que se le pague setecientos euros por cada cuerpo recuperado de una fosa común en su territorio. Más efectos parece estar teniendo la actuación del ayuntamiento de Pamplona, capital de una comunidad donde, sin haber habido frente de guerra por su mayoría carlista, están documentados 3.800 asesinatos políticos.

Tras la exposición de Luis Fuentes se abrió un animado turno de palabras. Se dieron varios ejemplos de situaciones en Valladolid que confirmaban lo expuesto durante la charla y eso dio pie a plantear futuras acciones más intensas por el memorialismo. Puede decirse que esta charla ha sido tan dura en sus contenidos como inspiradora para quienes asistimos a ella.

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