La amenaza ambiental preocupa. Según el CIS, un 80% de la población cree que los políticos deberían preocuparse más por el medio ambiente. A la vez, a la hora de responder qué problemas se ven como más importantes, el medio ambiente sólo lo es para un 1% de los encuestados, frente al paro o la situación económica que suman una mayoría de respuestas. Parece que hay una desconexión entre lo que exigimos que los poderes públicos hagan y lo que realmente nos preocupa en el día a día. En realidad hace tiempo que hay una respuesta para ambos problemas: los empleos verdes.
¿Qué son los empleos verdes? Según la OIT “son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética“. En realidad, todo empleo que quiera pervivir en el tiempo debe ser „verde“, porque los empleos que no preserven el medio ambiente nos llevan a la extinción. Frente a esta evidencia, constantemente vemos cómo cada medida de protección ambiental recibe una respuesta unánime de los poderes económicos: “eso perjudicará a la economía“. La racionalidad económica no se separa de la carrera ciega por los beneficios, caiga lo que caiga.
Hasta ahora los empleos verdes los encontramos sobre todo en el sector público o, al menos, promovidos por iniciativas públicas. Pero esto no ha significado buenas condiciones laborales. Abundan los ejemplos. Se acerca el verano y volveremos a oír noticias de bomberos forestales trabajando en condiciones extremas y de extrema precariedad en nuestra región, como viene ocurriendo desde hace años. También oímos noticias de centros modélicos de recursos ambientales que externalizan los servicios para poder despedir a quienes reclamen tener derechos laborales, como ha ocurrido en el PRAE en Valladolid, dependiente de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. A nivel municipal, en Valladolid quienes trabajan en la limpieza urbana pública y la gestión de residuos privatizada siguen reclamando mejoras que ponen en entredicho los supuestos privilegios del empleo público.
Del mismo modo que el discurso dominante asocia empleo público a “privilegios“, asocia el empleo ambiental a „voluntariado juvenil“. Este tipo de ideas sirven para reforzar la supuesta contradicción entre medio ambiente y empleo digno, cuando la única contradicción que existe es entre los beneficios privados y empleo digno con un entorno sostenible. Es la acumulación de la riqueza social la que impide que haya empleo verde y que lo siga habiendo en el futuro. Porque la acumulación de la riqueza se hace a costa de las clases sociales más desfavorecidas, del expolio de otros países y del futuro de un planeta al que se deja una enorme deuda.
La política ambiental que se ha seguido hasta ahora sólo ha contribuido a aumentar la preocupación por el paro y la precariedad. Hace menos de 6 meses cerraban las últimas minas de carbón autóctono, mientras que en este mismo periodo el 8,4% de la generación eléctrica se producía quemando este recurso. Se eliminan empleos con derechos para proteger el clima y al final se sigue contaminando, pero a costa de trabajadores con peores condiciones en Polonia y Sudáfrica. Lo mismo ocurre cuando el gobierno anuncia una limitación al diesel en 20 años y la patronal automovilística responde amenazando con convertir Castilla en Detroit. No hay duda de que dentro de 20 años las empresas del sector del automóvil seguirán existiendo, lo que ponen en duda es que quienes trabajan en ellas tengan algún derecho. ¿Para qué? Para no reducir sus márgenes.
Que nadie se sorprenda. La transición ecológica necesaria para que tengamos futuro no va a estar determinada por una u otra tecnología ni por una u otra legislación. La distribución de la riqueza social va a ser la llave y el candado de un futuro ambientalmente viable. Somos conscientes de que no nos queda otra que conseguir que los empleos sean verdes, pero necesitamos que esos empleos verdes tengan derechos.
Por eso tenemos que empezar a hacer política ambiental a través de la negociación colectiva. En las últimas décadas hemos incorporado a la negociación colectiva mecanismos para proteger la salud laboral o la igualdad de sexos con relativo éxito. Pues bien, es necesario adoptar medidas en el marco de la negociación colectiva que sirvan para reorientar todos los sectores económicos hacia la sostenibilidad, tanto en lo que se produce como en los medios que se emplean.
Que los convenios colectivos blinden derechos ambientales de toda la sociedad es un reto que necesita de una esperada revitalización sindical que devuelva a la clase trabajadora su capacidad de ser un agente social con capacidad de dirigir el rumbo de la economía y de la sociedad. La transición ecológica tendrá más que ver con la solidaridad, la huelga y la afiliación sindical que con grandes cumbres de jefes de gobierno. Al tiempo.
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Este artículo se ha publicado previamente, con firma de Gaspar Manzanera, como Tribuna Libre de ‘El Norte de Castilla’ el 17 de junio de 2019.
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