- ACOSO: Práctica ejercida en el ámbito de trabajo y consistente en someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación.
- LIBERTAD SINDICAL: Derecho fundamental de las y los trabajadores y sus agrupaciones para unirse y defender sus intereses comunes.
- DISCRIMINACIÓN: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas, política, religión, etc.
Las últimas decisiones tomadas por la dirección de la empresa pública, ADIF, y que afectan sobre todo al puesto fijo de Valladolid están reflejadas en estas 3 denominaciones anteriores. El único legado que esta empresa va a dejar cuando acabe su contrato con el ente público es una plantilla fragmentada y dividida, con un ambiente de trabajo tóxico generado por quienes tienen el deber y la obligación de velar por el buen funcionamiento de la empresa. No sabemos en qué punto evalúan sus empresas la responsabilidad social para con sus trabajadores que publicitan ante toda la sociedad en las redes sociales, pues en esta UTE, todo ello es papel mojado. No ha escatimado la dirección de la empresa ningún esfuerzo para que esto no fuera así, de hecho, lleva impulsando la división de la plantilla desde el mismo día que tuvo en su poder la capacidad de gestión y las riendas de este mantenimiento.
Recordamos aquellas primeras reuniones (cuando aún tenían la decencia de contestar a esta sección sindical) en las que se decía por boca de los nuevos cargos -sin complejo alguno- que la remuneración de los trabajadores se sometería a la producción que fueran capaces de realizar (sí, esto en un mantenimiento) y que la justicia salarial era algo muy difícil de conseguir, pues no todo el mundo puede cobrar lo mismo aunque tenga la misma categoría (esto que es ilegal a la par que vergonzoso, aún se suele repetir con asiduidad). Hemos comprobado que las frases referidas no eran baladí, sino que se han plasmado en un modo de trabajar que premia a aquellos trabajadores que descuidan sus responsabilidades en materias tan importantes para nuestra integridad como la prevención de riesgos laborales o la normativa ferroviaria. Y es que, en estas dos cuestiones que parecían inocuas, se basa todo el funcionamiento negligente que venimos padeciendo.
Se hace muy difícil entender que en pleno siglo XXI se niegue la participación de los trabajadores y de sus organizaciones en el funcionamiento de una empresa; que se niegue la participación en las reuniones de seguridad del personal cuando somos quienes tenemos el deber y el derecho de llevar esas tareas a la práctica y que se discrimine de manera descarada a quienes tienen unas convicciones basadas en la justicia y en la equidad, mientras se premia a quienes han convertido su entorno en un auténtico chiringuito de familiares y amigos. Una cadena de despropósitos que ha terminado reventando una plantilla que, de una manera profesional, se ha encargado con éxito todos estos años de realizar todas las tareas ligadas a este mantenimiento.
Tampoco podemos olvidar la inanición sobre todos estos problemas del administrador público estatal (ADIF), que descarga cada vez mayor responsabilidad sobre las espaldas de los trabajadores de las subcontratas en cada nuevo pliego de condiciones, mientras se exime de redactar en los mismos pliegos los requisitos necesarios que avalen al personal subsidiario en las mínimas garantías laborales que sus homólogos de la empresa pública. Si la gestión privada es tan eficiente, ¿por qué no la sitúan en igualdad de condiciones laborales?
En lugar de negociar unas condiciones colectivas justas y necesarias -como planteaba este sindicato desde el comienzo de esta UTE- recogiendo en ellas toda la actividad que realizamos: responsabilidades, habilitaciones, promoción interna, etc., se opta por la negociación individual a espaldas del conjunto de los trabajadores, vetando con ello el acceso a esas mejoras a la mayoría de la plantilla, aumentando la discriminación hasta niveles insultantes (en algunos casos con percepciones que doblan las del resto de compañeros) y bajo una base de promoción interna a dedo, sin más criterio que el trato personal y las aspiraciones egoístas de personas que solo valoran el móvil económico por encima del coste humano que ello pueda conllevar. Si esta empresa ve normal que una parte importante del salario a percibir por cada operario dependa de cosas ajenas al trabajo y bajo la decisión de una sola persona, es que esta empresa o estas empresas que forman la UTE son la antítesis de un trabajo digno. Que una parte del salario siga siendo controlada de forma aleatoria y volátil, y la negativa por parte de la cadena de mando a cualquier tipo de negociación pactada para normalizar estas percepciones, obedece a prácticas empresariales autoritarias que buscan la sumisión y la precariedad en contraposición al acuerdo.
Esta sección sindical lleva años denunciando una serie de irregularidades, que no solo se han reconducido con la nueva UTE, sino que se han amplificado: incidentes graves que han puesto en riesgo la salud de los trabajadores, despidos, excedencias solicitadas por varios compañeros dada la presión a la que estaban siendo sometidos por un superior, bajas de larga duración por depresión nerviosa, amenazas contra las nuevas altas por ejercer su derecho a la afiliación sindical, veto total para optar a habilitaciones remuneradas para buena parte de la plantilla, incidentes sin consecuencias (previa denuncia interna), etcétera, etcétera.
A pesar de todo esto, la profesionalidad de los trabajadores está fuera de toda duda y todas las tareas a las que este mantenimiento debe responder se siguen realizando con total normalidad. Lo que no vamos a permitir es la última provocación (más bien venganza personal) de la jefatura de obra, señalando a nuestro compañero, J. M. E. F, excluyéndole del cuadrante de los turnos de guardia de fin de semana en beneficio de personal externo a las labores de mantenimiento de desvíos (a las que lleva meses ligado). Queremos recordar que nuestro compañero es capataz de maquinaria con una amplia trayectoria en esas tareas, que fue degradado de su puesto –sin previo aviso- tras poner en conocimiento varios incidentes y exigir más personal para las labores de seguridad en la circulación durante los trabajos de la banda de mantenimiento del turno de noche, todo ello, con el fin de evitar hechos más graves de los que se venían y se vienen produciendo. Curiosa empresa esta que ejerce la represión marginando a quienes cumplen la normativa e intentan salvaguardar la vida y la seguridad del resto de compañeros. Lo mismo ocurre con la no renovación de B.S.Q. de su habilitación de piloto de seguridad, algo que de facto le excluye de la mayoría de las tareas que venía realizando sin incidentes.
Está tan clara la falta total de diálogo colectivo de esta empresa con sus trabajadores como la determinación de este sindicato de ejercer y hacer cumplir los derechos civiles y laborales que nos asisten.
Llegados a este punto, entendemos que la actual dirección de empresa no es la indicada para solucionar ninguno de los problemas derivados de una turbia gestión de los recursos públicos que tiene a su alcance, pues es la misma dirección la que genera estos problemas. Por lo tanto, si la empresa o las empresas quieren una solución pactada (como ha sucedido en otros lugares de nuestra geografía), que evite las convocatorias que tenemos previstas para denunciar esta realidad, deberá buscar a la persona indicada que, mediante diálogo, recupere el consenso perdido y devuelva la coherencia y la sensatez a las relaciones laborales, que deben discurrir parejas a una sociedad libre, alejándose de actitudes infantiles de premio o castigo (a las que recurre con asiduidad) y que solo sirven para generar incertidumbre y sonrojo en quienes tenemos unos mínimos valores morales y la empatía suficiente con aquellos compañeros (la mayoría) que están siendo muy perjudicados con estas lamentables prácticas.
Octubre de 2021.
Sección sindical de la CNT en la UTE LAV Madrid-Norte.
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