Consideraciones en torno a la condición de ciudadano y a la pretensión de utilizarla como medio para el cambio social.
Grupo anarquista 19 de julio – FAI
Educación para la ciudadanía
La creación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y de Educación Ético-Cívica en diferentes cursos de Primaria, Secundaria y Bachillerato por la nueva Ley Orgánica de Educación ha pasado prácticamente desapercibida.
Sólo después de que el gobierno quitara las pequeñas trabas -teóricas y de difícil aplicación- que había incluido en el anteproyecto de la citada ley a la enseñanza concertada y la iglesia católica, la CONCAPA -CONfederación CAtólica de PAdres- hizo bandera de su descontento con la asignatura, por aquello de ser posición política, pero sin apenas eco mediático.
Los pocos sectores que han criticado la ley desde, para, por la enseñanza pública prácticamente no le han hecho referencia, quizá porque el calificativo de “ciudadano” suena de lo más progre y todo lo que le vaya emparejado cuenta automáticamente con la simpatía inicial de la izquierda.
No podemos dejar de mencionar que desde los Movimientos de Renovación Pedagógica se ha objetado que los contenidos de dicha asignatura deben impartirse -y en teoría se imparten- de manera “transversal”, es decir, surgiendo naturalmente, a través de otras materias. A pesar de la crítica implícita al aislamiento de otros saberes, no han señalado -que sepamos- que estamos ante la pérdida de toda perspectiva sobre la condición de “ciudadano”, así como de su análisis crítico.
Desde la administración educativa se entiende que la asignatura servirá para potenciar una serie de actitudes, como son: respeto, tolerancia, solidaridad, participación o libertad. ¿Qué querrán decir esas palabras cuando están escritas en sus documentos?. Gregorio Peces Barba se explicó de maravilla en El País el 22 de noviembre de 2004: «la formación recta de las conciencias, que es condición de la comprensión sobre el valor de la obediencia al derecho en las sociedades bien ordenadas«.
Es decir, que los contenidos se reducirán a las bondades de este sistema político -y económico-, ya que estando en posesión de La Verdad, la única medida educativa posible es inculcar la necesidad de aceptarla. El paralelismo con la asignatura de Religión es obvio, y no nos pilla por sorpresa:
«¿No es una cosa notable esa similitud entre la teología -esa ciencia de la iglesia- y la política -esa teoría del Estado-, ese encuentro de dos órdenes de pensamientos y de hechos en apariencia contrarios, en una misma convicción: La de la necesidad de la inmolación de la humana libertad para moralizar a los hombres y para transformarlos según la una en santos, y según la otra en virtuosos ciudadanos?«. -Bakunin-
Implicaciones en la condición de ciudadano
Y es que el viejo rockero lo tenía claro. Es bien conocida su afición por repetir en sus escritos y discursos ciertas frases que sintetizan alguna de sus ideas y que se han convertido en clásicas del pensamiento anarquista: «la pasión por la destrucción es una pasión creadora, la libertad de los demás extiende la mía hasta el infinito«,… Pues bien, otra de sus máximas decía que «el estado no reconoce a los hombres, no reconoce más que a los ciudadanos«.
Si bien el concepto de ciudadanía podemos encontrarlo en la Atenas clásica, no es hasta el siglo XVIII cuando Rousseau reclama la igualdad política para todos los ciudadanos y asigna al estado el papel de mantener un cierto equilibrio social. La revolución francesa se hizo en nombre de esta idea. El objetivo era finiquitar los privilegios de la aristocracia y nobleza, y de paso acabó con las prerrogativas de las organizaciones gremiales, heredadas del orden feudal, en aras del poder estatal.
Pero la lucha económica del proletariado mostró -y muestra- que «el régimen que otorga el derecho a ser libre, no da realmente los medios de realizar esa libertad y de gozar de ella más que a los propietarios» -otra vez el compañero Miguel.
Si bien como personas tenemos necesidades, tanto físicas como otras para las que necesitamos tener cubiertas aquellas, el Estado sólo nos reconoce derechos. Se sitúa entre explotadores y explotados para, asignándoles a todos el mismo status, el de ciudadanos, refrendar la injusticia y colaborar en su mantenimiento, dando la apariencia de repartir igualitariamente. Ello con mayor o menor descaro, en función de lo hartos que estemos de que nos den unas migajas a cambio de nuestras vidas y de la posibilidad de que el hastío lleve a soñar con la posibilidad de un orden en el que la producción esté supeditada a las personas y no al revés.
Para ver que los derechos políticos son una engañifa sólo hace falta tener ojos. Basta con leer los que nos otorga la constitución como ciudadanos españoles y compararlos con los que disfrutamos.
¿Cómo lo podemos olvidar nosotros?. ¿Cómo no desterrar de nuestro lenguaje un término que siempre se ha utilizado para dar una sensación de igualdad entre las distintas clases sociales y que se hermanen en torno al gobierno de la nación común?.
Porque si nos molestamos en consultar el diccionario antes de utilizar el término, comprobamos que nos estamos refiriendo al «habitante de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país» -Diccionario de la Lengua Española, XVIII Edición.
Esto nos lleva a una conclusión inmediata: Cuando se pretende dar brillo a una plataforma, marcha, manifestación,… con el calificativo de ciudadana, se está reivindicando el hecho de que la movilización se hace en ejercicio de las atributos otorgadas por el Estado, respetando por ello sus reglas y por añadidura, excluyendo nominalmente a todos aquellos extranjeros que no son considerados ciudadanos y carecen de derechos políticos en el país.
Ciudadanismo, ideología prêt à porter
La definición citada, por otra parte, nos indica el hilo con el que se fabrica el paño del nuevo traje del emperador, el llamado ciudadanismo. Un palabro más que igual sirve para traducir el término republicanism del filósofo Phillip Petit -utilizado por Zapatero para razonar en términos liberales, pero sin mencionarlo-, que para dar nombre al movimiento que se opone a ese mismo liberalismo, eso sí, sin cuestionar ni la economía de mercado ni la propiedad privada de los medios de producción.
Y es en esta última acepción en la que nos vamos a detener, que no por ser heterogénea e indefinida deja de tener unas líneas maestras.
El ciudadanismo entiende que el Estado democrático es un medio válido para paliar -incluso para acabar con- las desigualdades sociales. Dado que éste sufre grandes presiones del Capital -llámese grandes corporaciones-, postula que para contrarrestar tan malvada influencia se hace imprescindible una mayor atención del hombre de a pie a los asuntos de Estado y que obligue al gobierno a realizar políticas sociales. Los ciudadanos no sólo deben elegir representantes sino presionarles para que actúen como corresponde.
Estos socialdemócratas de nuevo cuño, que miran con nostalgia a la edad dorada del Estado del bienestar, no son conscientes de que las reformas tendentes a un mayor poder adquisitivo de los trabajadores históricamente se han implantado para la recuperación del capitalismo tras la crisis económica y sólo en parte, para mermar la radicalidad de una clase obrera que amenazaba con hacer la revolución, pero nunca por la acción de la ciudadanía en tanto tal.
A pesar de ello se empeñan en exigir una mayor intervención de la población en la res pública. Y es que parece que ignoren aquello sobre lo que los libertarios venimos advirtiendo desde hace siglo y medio: La integración de las luchas sociales en las estructuras del Estado -lo que se reclama como democracia participativa- no es sino garantía de la desintegración de las mismas. No les subestimamos, somos conscientes de que lo que buscan en su mayoría es un sillón donde acomodarse en el sistema.
El campo de batalla del ciudadanismo no es la realidad sino los medios de comunicación. Sus enemigas son las grandes compañías, pero no suelen enfrentarse directamente a ellas o apoyar decididamente a quienes lo hacen. Para celebrar las contracumbres se recorren miles de kilómetros, se puede decir que con el objetivo de que el descontento salga por televisión. En ningún momento se plantea la confrontación directa, como podría ser el cubrir esas distancias para atacar coordinadamente los intereses de alguna de esas corporaciones.
En las huelgas ya no se busca que el cese en la producción o la parada de la actividad económica cause tantos perjuicios que la patronal no tenga más remedio que acceder a las demandas. Si el conflicto es local, el objetivo es realizar una campaña de publicidad negativa de la empresa, en los más globales, advertir al gobierno de la futura intención de voto de la población. Curioso que cuando las patronales han planteado exigencias al ejecutivo, sí que han apostado por hacer el mayor perjuicio económico posible -caso de los paros de los sectores de transporte y pesca.
En ningún momento se busca una incidencia directa de la acción del movimiento, sino provocar un cambio de la política estatal. Pero los gobiernos no cambian sus líneas maestras, antes se lavará la cara al sistema y caerá uno para que en su lugar se ponga otro que siga haciendo lo mismo (y si no, ver la sucesión de gabinetes derrocados y encumbrados por movimientos populares en distintos países de América Latina).
Para los que piensen que vivimos en un mundo imaginario nos bajaremos de las nubes y presentaremos un caso concreto, como es la siniestralidad laboral. La lógica ciudadanista implica echar la culpa al Estado y sus leyes, bien porque el primero no las aplica con el debido fervor y sea necesaria la creación de unos cuantos miles de puestos de Inspectores y Subinspectores de trabajo, bien porque las segundas no son suficientes y se necesitan unos Reales Decretos bien puestos.
Los libertarios, que nunca hemos creído en la mediación entre capital y trabajo, pensamos que es la capacidad de presentar batalla a las empresas la que da la fuerza para exigir, y que si ésta es prácticamente nula, como es el caso debido a la desorganización, que las leyes sean buenas simplemente significa que no se aplicarán. Si existiera un movimiento de lucha amplio, que además tuviera una visión finalista de reorganización social -como lo puede llegar a ser el anarcosindicalismo- los trabajadores no sólo verán que sus condiciones laborales mejoran, sino también cómo se abre un nuevo horizonte en el que nunca más se oirá hablar de disposiciones legales.
Nota: Debemos aclarar que la última parte del escrito es deudora del folleto El impase ciudadanista. Contribución a la crítica del ciudadanismo , escrito por Alain C. y publicado en España por ETCÉTERA. Por supuesto, recomendamos su lectura.
